Publicado en el periódico Levante 11-12-2021
Los municipios son los protagonistas de la lucha contra el cambio climático. Esta es la frase del momento. Porque hay momentos, somos dados a las frases bien sonantes cuando las circunstancias aprietan. Como aquellas que dedicábamos a los sanitarios, abnegados profesionales a los que consagramos como héroes con tanta facilidad como con la que ahora los retornamos a su condición de simples funcionarios.
La pandemia de la que ahora hablamos es el cambio climático y sus implacables consecuencias, y el discurso público ha decidido atribuir a los ayuntamientos el papel de héroes del momento.
Y está bien ese reconocimiento, celebrémoslo, pero sin olvidar que también se rodean de la misma épica las declaraciones previas a cada cumbre del clima, y ya hemos visto en Glasgow cómo suelen terminar. Así que, ante tanto elogio y reconocimiento al municipalismo, resulta casi inevitable que aflore cierto escepticismo.
En las ciudades, la actividad pública apenas supone un 4% de las emisiones totales de CO2 del municipio. El restante 96% provienen del sector privado, principalmente de los consumos energéticos procedentes de los domicilios, comercios y del transporte.
Las corporaciones municipales tienen relativamente fácil actuar sobre su 4%, y es necesario que lo hagan porque, aunque sus emisiones son poco significativas, su reducción tiene un valor ejemplarizante incuestionable. Ahora bien, convertir a los ayuntamientos en actores principales en la lucha contra el cambio climático es exigirles que actúen sobre ese 96% de emisiones que no depende directamente de ellos.
Una misión nada fácil. A pesar de que disponen de capacidad para intervenir mediante instrumentos como ordenanzas reguladoras de instalaciones fotovoltaicas, incentivos fiscales para autoconsumo energético, ordenanzas de eficiencia energética en edificios que introduzcan criterios más exigentes que los previstos en el Código Técnico de la Edificación, o implementando planes municipales de movilidad urbana sostenible (PMUS), sería un error ignorar que existen limitaciones prácticas a este traspaso de protagonismo.
En primer lugar, porque incentivar la instalación de energía solar para autoconsumo en domicilios particulares a través de bonificaciones fiscales representa una disminución de ingresos para las arcas municipales. Si el coste de promocionar el autoconsumo energético renovable y el de otras estrategias para la reducción de emisiones de CO2 va a recaer sobre el municipio, deberían plantearse mecanismos financieros y económicos para compensar, o premiar, a esos ayuntamientos, especialmente cuando sabemos que hay municipios donde el IBI representa cerca del 40% de los ingresos.
En segundo, porque la adopción de ordenanzas y planes, y de manera especial su implementación, requieren un esfuerzo adicional a unos ayuntamientos que, en la gran mayoría de casos, ya prestan multitud de servicios sin que sus recursos económicos, ni la dotación de personal, hayan crecido en la misma medida. Si queremos obtener respuesta rápida y eficaz al reto climático, deberemos asumir que la cesión de responsabilidades al municipio debe ir acompañada de la correspondiente transferencia de recursos económicos finalistas, y también de disponer de plantillas de personal suficientemente dotadas y especializadas.
Y aún nos quedaría incorporar otra cuestión. En un sistema jerárquico, los cambios tienen mayor alcance cuanto más cerca del primer nivel se producen. La traslación de este principio al ámbito jurídico significa que si mayores exigencias en materia de autoconsumo con energías renovables y eficiencia energética se incorporan en la legislación básica estatal y la autonómica, mayor efecto y más fácilmente se conseguirá.
Esta circunstancia queda claramente ilustrada con la aprobación del Real Decreto Ley 15/2018, popularmente conocido como el que derogó el denominado “impuesto al sol”. Tan solo dos años después de ser aprobado, la potencia instalada anual de autoconsumo fotovoltaico en España pasó de 236 MW en el año 2018 a 596 MW en 2020.
Así pues, necesitamos fortalecer las dos vías, tanto la del reconocimiento del papel de los ayuntamientos como la de la intervención, decidida y coordinada, del resto de administraciones en una lucha multinivel contra el cambio climático.
Parar terminar, y ya que hemos hablado de coordinación, conviene abandonar la perspectiva excesivamente vertical en las relaciones interadministrativas. Es indispensable sentarse con los ayuntamientos, conocer de primera mano sus necesidades y dificultades, adaptarse a sus capacidades y ampliar estas. Porque, si contraproducente es no asistirles, también lo puede ser desbordarles con tantos planes, fondos, redes, redes de redes, etc. cuando, en muchos de nuestros medianos y pequeños ayuntamientos, apenas hay un técnico que lo lleva prácticamente todo con solo un par de días de dedicación a la semana.
Esta es la realidad de nuestros ayuntamientos. Podemos quedarnos con las declaraciones de intenciones, o podemos sentarnos con ellos para ofrecerles asistencia y cooperación tal y como ellos, y el reto climático, requieren.
Joan F. Aguado
Estoy de acuerdo, aunque recompensando al ciudadano de a pie, por ayudar a disminuir las emisiones de CO2 de alguna forma ese 96% descendería sin tener que responsabilizar a los ayuntamientos de esa tarea conjunta. Como muy bien dices, la coordinación entre el gobierno estatal, provincial y municipal sería la mejor solución para saber dónde estamos y al menos intentar entre todos seguir el buen camino.
Gracias María Ángeles por tus reflexiones. En cuanto a lo que planteas, ¿cuál podría ser esa forma de compensar al ciudadano? Sería como un «incentivo»?
A eso me refería, «un incentivo», por las instalación de energías verdes o renovables en domicilios, empresas… desde una desgravación en el impuesto de la renta, ayudas, subvenciones , descuentos en compras … hasta un cheque regalo, con la participación y publicidad de promotores como entidades públicas, asociaciones, grandes superficies comerciales, hipermercados…tod@s los que quieran colaborar y contribuir a un mundo más limpio.